4.4 Los bienes comunes globales (5/16)

El protocolo de Kioto

Las 167 naciones que ratificaron el Convenio Marco de 1992 sobre el cambio climático se plantearon preguntas como las que siguen: ¿cómo puede la comunidad internacional conseguir el equilibrio necesario para ampliar el ritmo del desarrollo económico (y el mayor uso de la energía que resulta), a la vez que responde de forma adecuada a los problemas que plantea el cambio climático? ¿Cómo podrán los países reducir de forma gradual pero importante su emisión de gases susceptibles de crear el efecto invernadero sin paralizar sus economías? ¿Cómo puede asegurarse que la carga resultante de proteger el clima se vaya a repartir de forma equitativa entre las naciones? Estas preguntas habían estado en el candelero desde que se comenzara el tratado en la Cumbre de Río de Janeiro.

En diciembre de 1997, estas naciones comenzaron a tratar estas cuestiones estableciendo el Protocolo de Kioto, que continuaba el tratado inicial sobre el clima, y constituye el primer intento internacional de poner límites legales obligatorios a la emisión, por parte de los países desarrollados, de gases de invernadero. Además del CO2, que es el principal, el Protocolo tiene en cuenta también otros cinco: el metano (CH4 ), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre(SF6 ) (ver figura 4.25). En concreto, el Protocolo tiene por objeto reducir, en los países desarrollados y para el periodo entre los años 2008 y 2012, la emisión combinada de gases de invernadero en aproxima damente el 5 por ciento de los niveles de 1990. El Protocolo especifica la cantidad que debe contribuir cada nación industrializada para conseguir dicho objetivo de reducción. Se espera que las naciones que tengan las emisiones más altas de CO2 (los Estados Unidos, Japón y la mayor parte de naciones europeas) reduzcan las emisiones entre un 6 y un 8 por ciento. (Ver Tablas CG.2 y CG.3.) Para el año 2005, todas las naciones industrializadas que ratifiquen el acuerdo deberán mostrar que se ha hecho un "progreso demostrable" hacia la consecución de los compromisos que cada cual tomó según las condiciones del Protocolo. Para que entre en vigor, el tratado debe ser ratificado por al menos 55 naciones, entre ellas el número suficiente de naciones industrializadas como para sumar el 55 por ciento de las emisiones globales de CO2 en 1990 (1)(2).

El nuevo tratado representa un progreso real para poder cumplir las buenas intenciones del acuerdo de 1992. En su mayor parte, las naciones desarrolladas han fracasado en su intento de conseguir las reducciones no obligatorias de emisiones a las que se comprometieron en el tratado original sobre el clima (es decir, habían acordado reducir de forma voluntaria las emisiones de gases de invernadero de manera que en el año 2000 se habrían conseguido los niveles de 1990), y han reconocido la necesidad de los objetivos obligatorios sobre las emisiones que se dan en el Protocolo de Kioto. A pesar del progreso logrado, el nuevo acuerdo contiene asuntos complejos que habrán de resolverse en negociaciones futuras. Uno de ellos es que el Protocolo de Kioto sanciona de forma oficial el concepto de "compraventa de emisiones" entre los países industrializados. En este contexto, una nación cuyas emisiones estén por debajo de los límites acordados en el tratado puede vender a otra nación el permiso de emitir el volumen que le ha sobrado, de manera que la segunda nación pueda cumplir los objetivos fijados. Quienes abogan por esta aplicación de los principios de mercado al control de la contaminación creen que un programa de compraventa de permisos de emisión ayudará a reducir el coste de controlar los gases de invernadero, permitiendo que los recortes en las emisiones se hagan de la manera más barata posible. Tal programa de compraventa ha conseguido reducir eficazmente en los Estados Unidos el coste de controlar la emisión de CO2 procedente de centrales térmicas, que son la fuente principal de la lluvia ácida. No obstante, los detalles para la puesta en práctica de un plan tan complejo de compraventa, que abarca seis gases distintos a través de varias fronteras entre estados, fueron examinados en la sesión de negociación de Buenos Aires (3)(4). El plan deberá estudiar cómo se van a contabilizar, verificar y reconocer las reducciones.