La demanda de verduras, frutas y flores frescas por parte de Norteamérica a lo largo de todo el año ha originado un intenso volumen de exportaciones desde América Latina y el Caribe. Pero el éxito económico ha tenido un precio: la grave exposición a los plaguicidas de muchos trabajadores que cultivan y manejan estos cultivos exportables. No hay mejor ejemplo que el de la industria de las flores, en la que se utilizan enormes cantidades de plaguicidas por lo general dentro de los invernaderos.

Los productores de rosas y claveles de Ecuador, por ejemplo, usan una media de seis fungicidas, cuatro insecticidas y tres nematicidas (veneno contra los nematodos), además de varios herbicidas. Muchos de estos compuestos se aplican con frecuencia y otros diariamente con el fin de "sanear" los invernaderos, los cuales son especialmente vulnerables a las epidemias de plagas y enfermedades. Por otro lado, como las flores no constituyen material comestible, los importadores no las inspeccionan en busca de residuos de plaguicidas, de modo que los productores tampoco tienen grandes incentivos a la hora de minimizar el uso de los mencionados productos.

La industria de las flores en Ecuador -que se ha desarrollado de forma vertiginosa en las últimas décadas- se concentra en las regiones altas, cerca de Quito y de su aeropuerto. Las plantaciones disponen de infraestructuras muy sofisticadas que incluyen complejos sistemas de irrigación y drenaje, y electricidad para los trabajos nocturnos. Los ciclos de producción, que son muy intensivos, están planificados, calculados y ejecutados de acuerdo con los niveles de la más alta calidad y demanda periódica exigida por el mercado de Estados Unidos. Las exportaciones se disparan coincidiendo con determinadas festividades, como el Día de San Valentín o el Día de la Madre.

Los cultivos de flores de Colombia y Costa Rica se rigen por pautas similares. En Costa Rica, por ejemplo, los trabajadores en los invernaderos tratan tanto las flores como las plantas ornamentales con insecticidas y nematicidas extremadamente tóxicos, entre los que se incluyen el metilparatión y el aldicarbón, compuestos de uso muy restringido en Norteamérica debido a los peligros que comportan para la salud. Igualmente se utiliza toda una amplia gama de plaguicidas, todos sobradamente conocidos por los riesgos que conllevan. Entre ellos se encuentran fungicidas como el mancozeb y el captan, supuestamente cancerígenos, y herbicidas como el paraquat, que es extremadamente tóxico ante cualquier vía de exposición, bien sea absorbido por la piel, inhalado, o ingerido accidentalmente.

El peligro derivado de la exposición a estas sustancias aumenta según el tipo de situación en que se aplican y la frecuencia de las aplicaciones. Muchos de estos productos químicos se aplican diariamente en medio de altas temperaturas y en invernaderos sin la suficiente ventilación, donde se acumulan elevados niveles de vapores tóxicos y donde es difícil evitar el contacto con los residuos de los plaguicidas depositados en las plantas tratadas.

Las mujeres son especialmente propensas al envenenamiento por plaguicidas en el negocio de la exportación de flores de América Latina, porque ellas representan entre el 70 y el 80 por ciento de la mano de obra. Además del riesgo de la exposición, la salud de estas trabajadoras se ve igualmente amenazada por una dieta pobre, por alojamientos inadecuados, por la falta de servicios sanitarios públicos y de una educación apropiada.

Un estudio llevado a cabo sobre 80 mujeres que trabajaban en las plantaciones de flores (y en otros cultivos destinados a la exportación) en Ecuador confirmó su elevada exposición a los organofosforados y carbomatos, dos clases de plaguicidas muy conocidos por su aguda toxicidad. Las mujeres padecían de visión borrosa, fotofobia, jaquecas y náuseas, síntomas típicos del envenenamiento por causa de los organofosforados y carbomatos. Con frecuencia las trabajadoras se veían obligadas a seguir con sus tareas mientras, a su lado, se estaban aplicando plaguicidas, lo cual, dicho sea de paso, constituye una grave infracción de las normas de seguridad.La mayoría de las mujeres que participaron en este estudio carecía de información sobre cómo utilizar los plaguicidas y sobre la necesidad de protegerse adecuadamente. El 40 por ciento de las trabajadoras entrevistadas no disponía de ningún equipo protector, y las demás de vez en cuando recibían guantes, botas y, muy raramente, gafas. Incluso cuando se les proporcionaba el equipamiento de seguridad, éste resultaba insuficiente o estaba deteriorado. Los servicios higiénicos y de salud en estas plantaciones eran igualmente deficientes. Sólo el 5 por ciento de las trabajadoras entrevistadas tenía acceso a revisiones médicas pagadas por la compañía.

En Colombia las condiciones son muy parecidas, aunque tal vez más graves debido a que la escala se multiplica. Un estudio sobre 8.900 trabajadores de las plantaciones de flores próximas a Bogotá mostró que estaban expuestos a 127 tipos de plaguicidas diferentes. Un 20 por ciento de esos productos estaban prohibidos o no existían en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Los trabajadores encuestados padecían distintos efectos agudos: casi dos tercios de los entrevistados sufrían dolores de cabeza, náuseas y tenían problemas de visión, conjuntivitis, sarpullidos y asma. También acusaban efectos crónicos, tales como abortos, al igual que problemas respiratorios y neurológicos.

Las presiones para maximizar la producción y la premura contribuían a exacerbar estas dolencias, puesto que los gerentes y jefes de personal urgían a los trabajadores por encima de los límites de la seguridad. Salarios mínimos, precariedad en la vivienda y desprecio por la legislación sobre los permisos de maternidad eran asimismo parte de la cotidianeidad laboral. Cualquier intento por parte de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos se encontraba con reprimendas y despidos, habida cuenta de la facilidad para reponer mano de obra.

En algunas empresas exportadoras de flores se han mejorado las condiciones de salud laboral, en parte como respuesta a lo que reflejan los medios de comunicación y en parte por la presión de los trabajadores y de las organizaciones medioambientales. Tanto en Ecuador como en Colombia varias de las compañías analizan la sangre de sus operarios para controlar los niveles de plaguicidas, y en algunos casos se han mejorado los servicios médicos y se les ha proporcionado a los trabajadores máscaras y guantes. Sin embargo, otros muchos cultivadores aún no han comenzado a dar ni siquiera los pasos mínimos necesarios. Esta industria tiene que contemplar como prioridad fundamental la seguridad laboral de sus trabajadores.